LA BRUJA DE LA PARRA

Una bomba de racimo está formado por una bomba “contenedor” que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrise durante la trayectoria, expulsa cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies. En teoría estallan cuando alcanzan el suelo, pero esto no siempre es así.

Hoy por hoy, siguen causando muertos y heridos años después de que el conflicto haya terminado y afectan sobre todo a la población civil, que suponen el 98% de sus víctimas, en especial a los niños que son atraidos por sus formas llamativas y sus colores.

Son una amenaza especialmente grave para las  poblaciones civiles. Las bombas de racimo han matado civiles en todos aquellos conflictos en los que se han utilizado. Debido a que son armas que afectan a grandes áreas de territorio, existen grandes probabilidades de que afecten a poblaciones civiles que se encuentren en el área o cerca de ella.

La inmensa mayoría de los conflictos actuales se producen en áreas habitadas, lo que hace el uso de estas armas totalmente inaceptable. Además, el gran número de bombas que se usa en cada ataque, su alta carga de submuniciones y el hecho de que una parte de ellas no explota, hace que sus efectos letales se prolonguen en el tiempo, incluso mucho después de que el conflicto haya finalizado. En la práctica, esas municiones sin explotar, dispersas en grandes territorios, funcionan como minas antipersonales.

La combinación de estos factores hace que las bombas de racimo sean especialmente letales. Ni siquiera haciendo un esfuerzo para no atacar objetivos civiles puede evitarse que esto ocurra. Las medidas técnicas que se han propuesto hasta el momento para mejorar su fiabilidad y funcionamiento no han logrado una eficacia total, ni poner fin a la muerte de poblaciones civiles debido a su uso.

El 19 de mayo arranca en Dublín la Conferencia Diplomática sobre bombas de racimo, que durará hasta el día 30 y de la que debe salir el texto de un Tratado Internacional que prohíba este tipo de armas. Unos 70 gobiernos ya han confirmado su asistencia, entre ellos el español. Sin embargo, una parte de los estados participantes está tratando de edulcorar el contenido del Tratado, de forma que ciertos tipos de bombas que supuestamente presentan avances técnicos queden excluidas del mismo.

“España ha venido jugando en este proceso un papel ambiguo. Por un lado, dice poner las consideraciones humanitarias en primer lugar. Pero por otro, no es partidario de prohibir ciertos tipos de armas con supuestos avances técnicos y que coinciden con las que fabrican algunas empresas españolas. Esto no es aceptable”, ha asegurado Jordi Calvo, de Justicia i Pau.

29 mayo 2008

Más de 100 Gobiernos han dado hoy en Dublín un paso histórico al aprobar el texto de un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo. El documento, aprobado por consenso, prohíbe este tipo de armamento de forma categórica y hace ilegal, a partir de su entrada en vigor, la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, por ser armas que causan daños inaceptables a las poblaciones civiles.

Todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a Líbano, pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas. El Tratado se abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que entre en vigor. A pesar de las reticencias de algunos países, no se han incluido periodos de transición que permitirían seguir utilizando dichas armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad de que algún país exprese reservas sobre algunas de las disposiciones del Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera expresa.

El Tratado establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación. Cualquier posible retraso debe ser justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas. El apartado de asistencia a las víctimas –uno de los puntos menos fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales- es en esta ocasión reforzado. Se establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad. Cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan nacional, calendarios y presupuesto, así como recabar si es necesario ayuda internacional.

Los Estados parte contraen obligaciones claras en materia de cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y los países afectados. Esta ayuda puede ser bilateral o ser canalizada a través del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales, regionales e internacionales.

Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a medidas de transparencia. Cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al Secretario General de la ONU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. Este informe debe ser actualizado anualmente.